¿Qué pasa en Brasil? ¿El problema son las empresas, son los partidos, es Lula, es Dilma, es la justicia, es la calle? ¿Adónde conduce todo esto: a la destitución, al adelanto electoral, a la perpetuación del limbo político? ¿Qué clase de intereses se mueven detrás de lo que sucede? ¿Quién controla lo que sucede? ¿Cómo afecta esto a la región latinoamericana?
Estas y otras preguntas se hacen -nos hacemos- todos los días quienes cada mañana, tarde o noche abren un diario, una tableta, un celular, o encienden la televisión y asisten al espectáculo denigrante de un Brasil, nada menos que Brasil, hundiéndose en unas arenas movedizas de las que nadie parece capaz de sacarlo.
Para tratar de poner un poco de orden en ese laberinto, comparto con los lectores lo que creo que son algunas de las claves de este período triste de la historia brasileña.
¿Qué sucede realmente?
Estamos ante la segunda gran trama de corrupción del “petismo” en Brasil, como se conoce a la era política marcada por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores que tanto luchó por llegar al poder para redimir de su condición a los que tenían poco o nada y tantos aplausos cosechó por el mundo en su día.
La primera, el “mensalao”, fue durante el gobierno de Lula, que en 2005 tuvo que hacer frente a la revelación de que el Poder Ejecutivo había sobornado a políticos de distintas organizaciones para lograr apoyo en el Congreso. El caso acabó con gran parte de la cúpula el PT y algunos colaboradores cercanos de Lula en la cárcel.
La segunda gran trama es la que ahora ocupa titulares y hace correr tinta (para quienes aún leemos tinta). Su nombre en portugués, “Lava Jato”, se debe a que se inició como una operación policial contra unas mafias del lavado de dinero. Pero la investigación derivó en algo distinto cuando se supo que detrás del lavado de dinero había pagos de empresas importantes a políticos de distintos partidos, pero sobre todo el PT, y ejecutivos de empresas estatales por la adjudicación de obras públicas. Como en el caso del “mensalao”, en el que un delator clave, Roberto Jefferson, “cantó” ante los poderes jurisdiccionales para reducir su pena, aquí también ha habido personajes que tiraron de la manta. En concreto dos, Alberto Youssef, uno de los mafiosos que lavaba dinero, y Paulo Roberto Costa, ejecutivo de Petrobras, la entidad que está en el centro de la trama, dieron información que permitió ir reconstruyendo el rompecabezas.
Pronto, las investigaciones, que colocaron al juez Sergio Moro y otras figuras judiciales o fiscales en la palestra pública, llevaron a la imputación y encarcelamiento de otrora “intocables” figuras del empresariado brasileño y políticos del PT, así como, en menor medida, de otros partidos. Se calcula que unos tres mil millones de dólares fueron desviados por Petrobras hacia esta trama que consistía en un triángulo: los políticos nombraban a los ejecutivos de Petrobras, Petrobras adjudicaba obras a las empresas, sobre todo las constructoras, elegidas, y ellas pagaban el dinero de los sobornos a los políticos y funcionarios.
El Partido de los Trabajadores ha resultado ser el partido de la elite mercantilista brasileña, ni más ni menos. La organización del carismático tornero al que le falta un dedo y le sobra prestigio como adalid de la causa de los pobres ha resultado un fraude ético y político.
¿Qué pasa con Lula y Dilma?
Siempre es muy difícil vincular de forma directa a una trama de corrupción con los jefes de Estado, que por definición operan a través de subordinados cuando son responsables activos de lo que sucede, o dejan a sus subordinados actuar por cuenta propia cuando son beneficiarios agradecidos pero cautelosos de sus fechorías, o son tan ingenuos que no se enteran de lo que todo el mundo sabe.
En el caso de Lula, había indicios de que su relación con las empresas de la trama tenía un componente ilegal, al basarse en un intercambio de favores políticos por dinero. Pero no había -no hay todavía- certeza absoluta ni pruebas definitivas. La Fiscalía de Paraná cree que se benefició de la corrupción de Petrobras con propiedades que las empresas a las que se les adjudicó contratos de Petrobras pusieron a su disposición aun cuando no las colocaron bajo su nombre y con la remodelación de otras que ya eran suyas. De allí que Lula fuera rocambolescamente detenido y enviado al aeropuerto de Congonhas hace poco para ser interrogado.
Simultáneamente, la Fiscalía de Sao Paulo acaba de acusarlo formalmente de lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio. Aunque Lula sostiene que no pueden dos fiscalías acusarlo de lo mismo, no está claro que el ocultamiento de patrimonio tenga que ver solamente con aquellas propiedades de las que se ha ocupado la Fiscalía de Paraná. En cualquier caso, esta última ha llegado a decir que Lula es uno de los “principales beneficiarios” de la trama.
Dilma, hasta ahora, había salido relativamente ilesa desde el punto de vista penal de todo lo que está ocurriendo. Pero una espada de Damocles pendía -y pende- sobre ella porque los investigadores sostienen que la trama ayudó a desviar dinero hacia las campañas electorales de 2006 (Lula), 2010 (Dilma) y 2014 (Dilma). Pero hay ahora un nuevo hecho que añadir: un senador oficialista que se ha convertido en colaborador de la fiscalía general, Delcidio do Amaral, acaba de sostener que tanto el ex presidente como la actual presidenta estaban al tanto de lo que sucedía. Otros testimonios que no se conocen en público pero que en privado son materia de constante mención son los de allegados políticos como Joao Santana, el asesor de campaña de Dilma.
La economía
El telón de fondo social y económico de todo escándalo político importa mucho. Cuando el “mensalao” parecía en condiciones de acabar con el gobierno de Lula y ciertamente con las perspectivas del PT a corto y mediano plazo, la población hizo de tripas corazón y renovó su fe en las autoridades responsables de la trama porque las cosas iban bien. Brasil vivía un apogeo económico como resultado de tres cosas: el “boom” de los commodities, los efectos de las reformas liberalizadoras que había hecho Fernando Henrique Cardoso durante su gobierno y la tranquilidad que Lula había devuelto al capital mostrándose como un gobernante menos radical de lo que se temía.
Las cosas, ahora, tienen un color más turbio. La economía es un desastre: Brasil no crece desde 2010 y el año pasado se ha encogido casi 4%, a lo que se añade la perspectiva de que en 2016 el crecimiento también sea negativo: -3,5%. La clase media, emblema del Brasil emergente, ahora tiene demasiadas deudas y menos empleo, y soporta una inflación de precios muy alta y unos intereses también, inevitablemente, elevadísimos. Y, lo que es peor, tiene poca fe en que las cosas mejorarán.
En este escenario, que Dilma tenga 11% de aprobación no sorprende: hasta los millones de beneficiarios de las subvenciones que han sostenido a la clase media emergente y a los pobres le dan la espalda al gobierno. De allí que, por ejemplo, las marchas convocadas para hoy en Brasil tengan en vilo a Planalto.
¿Qué puede suceder?
Como consecuencia de todo lo anterior, el debilitamiento de Dilma es de pronóstico grave. Hace poco, un partido laboral que le aportaba 33 diputados a su coalición, si no oficial al menos oficiosamente, ha desertado. Como antes había roto palitos con Dilma el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, un bastión del oficialismo en el Congreso, donde aportaba al PT votos y operadores importantes. Tanto así, que el proceso de destitución se inició con gran impulso del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que es del PMDB (él mismo enfrenta acusaciones graves, pero esa es otra historia). El proceso lleva un tiempo detenido por el receso parlamentario pero ya está siendo retomado.
Hay distintas posibilidades. Una es que ni siquiera haya que esperar a que termine el proceso de destitución y el Tribunal Supremo Electoral determine que hubo fraude en la elección de Dilma por la financiación irregular de su campaña. En ese caso, adelantaría las elecciones (que en principio no tendrán lugar hasta 2018). Tanto la mandataria como su segundo de a bordo serían reemplazados y se llevaría a cabo el proceso en un lapso de tres meses.
Otra posibilidad es que Dilma sea destituida y por tanto asuma el mando Michel Temer, que por cierto también está bajo sospecha. Probablemente se multiplicarían las presiones para destituir también a Temer. Por último, podría prolongarse la agonía de Dilma hasta los siguientes comicios, en contra de lo que piden la calle, los partidos, los medios y muchas instituciones civiles importantes.
La otra cara de Brasil
Los países a veces salvan su honor en los momentos de derrumbe moral. Le ocurrió a Italia cuando se desencadenó el proceso conocido como “Mani Pulite” (Manos Limpias), liderado por el fiscal Antonio Di Pietro, contra una trama de corrupción conocida como “tangentopoli”. Pues bien: en su hora de desamparo ético, a Brasil le ha surgido un conjunto de personas dentro del sistema jurisdiccional que, en contra de la tradición judicial de ese país y de América Latina en general (con excepciones), están llevando a cabo un esfuerzo conmovedor para exponer las vísceras del monstruo y cazarlo.
No sabemos adónde llevará todo esto, pero sí sabemos que estos jueces y fiscales representan una forma de institucionalidad que brilla por su ausencia en otros órdenes de la vida brasileña y que, sin proponérselo, operan de amortiguador social en cierta forma. ¿Cuánto mayor sería la ira ciudadana contra los políticos y empresarios en cuestión si pareciera que fiscales y jueces son parte de la trama y no hay castigo?
América Latina
Lo que sucede, ¿es bueno o malo para América Latina? Es, por supuesto, una tragedia que el país líder de Sudamérica (líder al que no le gusta liderar) atraviese una zozobra económica y política de esta magnitud. El efecto es devastador para la imagen de la región en el exterior, con las consecuencias económicas que ello implica en un período bajista desde el punto de vista del ciclo de los commodities. Un Brasil tan malherido es incapaz, en el supuesto de que quisiera asumir su rol, de marcar el derrotero latinoamericano en toda clase de asuntos, desde el modelo socioeconómico para llegar al desarrollo hasta la manera de afrontar la tragedia venezolana.
Pero desde otro punto de vista, lo que sucede allí es esperanzador: la independencia judicial y la solidez aparente de las instituciones que llevan a cabo el proceso -lo que incluye a la policía- no pueden resultar invisibles para los actores de países vecinos que observan con una mezcla de fascinación y terror lo que allí acontece. Y ya eso es una buena cosa: en cierta forma redime a unas instituciones jurisdiccionales latinoamericanas que están en las antípodas de lo que representan hoy las brasileñas.