Las encuestas otorgan a la oposición venezolana, de cara a los comicios parlamentarios de mañana entre 30 y 35 puntos de ventaja sobre el chavismo.
En un escenario normal, ello bastaría para otorgar a la oposición el control de la Asamblea Nacional y acaso provocar la caída del gobierno por vías constitucionales. En el escenario dictatorial en que se desenvuelve la política venezolana, no garantiza mucho.
En 2010, la oposición venció al chavismo por 51% contra 49%. Sin embargo, las reglas de juego del régimen dieron al chavismo 98 diputados contra 67 de la oposición (con la expulsión de dos por parte de Diosdado Cabello, el Presidente de la Asamblea, se redujeron a 65). El chavismo tiene todo atado y bien atado -para usar la tristemente célebre expresión de Francisco Franco- mediante la sobrerrepresentación de estados poco poblados (esos votos valen seis veces lo que valen los de estados más poblados, donde la oposición arrasa); la transformación de un sistema proporcional en otro casi mayoritario según de qué lugares hablemos; la división entre el voto por lista y el voto nominal, y otros mecanismos.
Aun así, si el resultado reflejase lo que dicen las encuestas, la oposición obtendría el domingo una mayoría parlamentaria clara. No hablo de una mayoría simple, que de nada serviría, sino de dos tercios, lo que daría a los demócratas capacidad para desmontar la estructura jurídica de la dictadura. Pero eso no lo permitirá el chavismo. Además de lo que ya conocemos -el asesinato, encarcelamiento o inhabilitación de opositores, el control total de los medios audiovisuales y el uso incontinente del dinero público-, el gobierno tiene a su alcance otras tres formas de impedir que la oposición traduzca su segura victoria en el voto popular en una mayoría absoluta capaz de democratizar el país.
La primera es el fraude electrónico, que no será nada fácil ocultar. La segunda es el Plan República, que en teoría se refiere a la movilización de 163 mil efectivos (más 25 mil reservistas) de las Fuerzas Armadas para garantizar el voto libre y en la práctica es un operativo para impedir a sangre y fuego precisamente eso. El tercero es -en la eventualidad de que el chavismo decida que, ante la presión internacional, no tiene más remedio que darle a la oposición una mayoría simple en la Asamblea- el uso de otras instancias del Estado para quitarle competencias. Ya lo hicieron con las alcaldías opositoras, como se recuerda (el caso más flagrante fue el del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, hoy preso político).
Todo, pues, conduce a una conclusión poco edificante: falta un largo trecho para que la democracia regrese a Venezuela. ¿Significa esto que hay que darse por vencidos? No. Lo que haga la dictadura contra el resultado del domingo merecerá el repudio de una comunidad internacional que, con muchos años de tardanza, ha abierto los ojos. Los Presidentes en actividad -salvo los somnolientos de Unasur- ya no ocultan su disgusto. Véase, por ejemplo, el texto firmado por el español Mariano Rajoy y el británico David Cameron esta misma semana. Hasta la OEA, cuyo nuevo secretario general ha tenido gestos de un valor inusitado en esa organización, se ha sacudido el atontamiento moral.
A los demócratas de Venezuela les conviene seguir adelante a pesar de lo que haga el chavismo para impedir -o anular o reducir a la insignificancia- el voto masivo contra el gobierno. Porque su triunfo final será la suma de muchos momentos como este. Y hay que seguir sumando. Vale la pena, a pesar de todo.